Además de las oficinas de MECO, el OIJ allanó la vivienda de un trabajador de la empresa, de apellido González, quien no fue detenido.
Consultada por La Nación, la empresa indicó: “La empresa se encuentra colaborando con lo requerido por las autoridades, como parte de las investigaciones. Los demás planteles y operaciones en el país continúan trabajando con normalidad. La constructora no va a referirse a los allanamientos relacionados con la adjudicación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, por tratarse de un caso en desarrollo”.
También, fueron intervenidos los domicilios de cuatro funcionarios y un exministro que sí resultaron detenidos:
- Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes.
- Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
- Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil.
- Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
El operativo incluyó, además, tres oficinas de la Dirección General de Aviación Civil, siete dependencias de la CNE y las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Esta no es la primera vez que MECO figura en causas judiciales.
En 2021, la constructora fue una de las principales investigadas en el Caso Cochinilla, en el cual se le atribuyó el pago de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a través de intermediarios y una empresa de alquiler de equipo pesado.
Según la Fiscalía, los pagos se registraban contablemente como “servicios profesionales” para ocultar la trazabilidad del dinero invertido en actos de corrupción.
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En el expediente del caso, que ya cuenta con acusación formal y solicitud de apertura a juicio, se señala que los pagos los realizaba Tobías Arce Alpízar, gestor de cobro ajeno a MECO y presidente de Trac Pesados S. A.
El objetivo, indica el Ministerio Público, era acelerar el pago de facturas por obras viales en ejecución entre marzo y abril de 2020.
Además, MECO fue investigada en el Caso Diamante, iniciado en noviembre de 2021, cuando seis alcaldes fueron detenidos por su presunta vinculación con actos de corrupción en proyectos de infraestructura pública.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, en al menos 15 proyectos cantonales de construcción y mantenimiento vial, los implicados habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favorecer contrataciones.
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Según el OIJ, la red operaba de forma independiente en cada municipio, pero en todos los casos un representante de MECO era identificado como figura clave en la relación con las alcaldías.
